La responsabilidad social empresarial también se ha convertido en una estrategia de manipulación corporativa. Muchas grandes empresas utilizan este concepto para consolidar su posición en el mercado, promoviendo regulaciones que perjudican a sus competidores más pequeños. Bajo el disfraz de la ética y la sostenibilidad, imponen barreras de entrada que limitan la competencia y refuerzan su monopolio, mientras proyectan una imagen de compromiso social que les permite evitar críticas.

Más allá del impacto económico, la politización de las empresas refuerza la expansión del poder estatal y la erosión de las libertades individuales. Al transformar el sector privado en un agente de la ideología dominante, se limita la capacidad de las personas para actuar según sus valores y preferencias. La empresa deja de ser un espacio de creación y emprendimiento para convertirse en un vehículo de propaganda, donde la adhesión a ciertos principios ideológicos se vuelve obligatoria y la neutralidad es castigada.