Punto clave tres: Derechos sociales y el mito de la igualdad absoluta

La idea de los derechos sociales se ha convertido en otro parásito mental que distorsiona la percepción de la realidad y justifica una creciente intervención estatal. Se presenta como una conquista del progreso, pero en su esencia es una herramienta para expandir el poder del gobierno a costa de la libertad individual. Bajo el pretexto de garantizar bienestar para todos, se impone un modelo en el que el Estado decide qué es necesario para vivir dignamente y quién debe pagar por ello.

Los derechos sociales —como el acceso a la educación, la salud, la vivienda y las pensiones— son definidos como bienes que deben ser proporcionados por el Estado sin condiciones. Sin embargo, este planteamiento ignora una realidad fundamental: todo derecho positivo implica una obligación para alguien más. Cuando se establece que un grupo tiene derecho a recibir algo, se está forzando a otros a financiarlo, generalmente mediante impuestos o expropiaciones. No se trata de derechos naturales como la vida, la libertad o la propiedad, sino de privilegios creados por decreto político.