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Se comprende que con la promulgación de las primeras leyes para las salamandras surgió gente que, en nombre de la lógica y el derecho, aseguraba que la sociedad, al imponer obligaciones a las salamandras, tenía también que reconocerles algunos derechos. «El Estado que promulga leyes para las salamandras las reconoce ipso facto como seres responsables y libres, como sujetos jurídicos y, a fin de cuentas, hasta como sus ciudadanos. En este caso, es preciso solucionar de alguna forma sus relaciones de ciudadanos con respecto al Estado bajo cuya legislación viven. Desde luego, sería posible considerar a las salamandras como inmigración extranjera, pero entonces el Estado no podría imponerles ningún servicio determinado y la obligación de movilización en tiempos de guerra, como ocurre ahora (a excepción de Inglaterra), en todos los países civilizados. Seguramente queremos que las salamandras, en caso de guerra, defiendan nuestras costas, pero entonces no podremos negarles ciertos derechos de ciudadanía como, por ejemplo, el derecho al voto, el de reunión, el de representación en diferentes cuerpos, etc^[18]». Hasta llegó a proponerse que se diese a las salamandras como una especie de autonomía submarina. Pero éstas y otras consideraciones quedaron puramente en proyectos, no llegándose a ninguna solución práctica, principalmente porque las salamandras nunca solicitaron su derecho a la ciudadanía.

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