A través del poder no electo, los jueces han impuesto cambios sociales significativos—en temas como el aborto, el matrimonio, la religión en la vida pública—sin debate legislativo ni consentimiento ciudadano. Los tribunales se convirtieron en una vía para que la izquierda lograra lo que no podía conseguir mediante la democracia. Extendieron un lenguaje ambiguo en mandatos, anularon siglos de precedente y redefinieron derechos fundamentales.

Restaurar la integridad constitucional implica nombrar jueces que entiendan que su papel no es crear leyes, sino hacerlas cumplir. Jueces que respetan la intención original, la libertad individual y los límites del gobierno. Por eso la batalla por el poder judicial es tan importante. No se trata de partidismo, sino de si la Constitución significará lo que dice o lo que un juez quiera que signifique.

La doctrina MAGA ve al poder judicial como la última línea de defensa contra la tiranía. Un sistema judicial basado en la moderación puede bloquear excesos inconstitucionales y proteger libertades que otros quieren eliminar. La ley no debe servir a la ideología, sino a la justicia. Y la justicia comienza con la fidelidad al documento fundacional de la nación.