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Para cumplir los compromisos adquiridos y salvaguardar los intereses de la compañía, el Estado mantiene dos prisiones cerca de las minas, la de Dué y la de Voievodsk, así como un destacamento militar de trescientos cuarenta efectivos, que cuesta cada año ciento cincuenta mil rublos. En otras palabras, si es cierto que los representantes de esa sociedad de San Petersburgo son cinco, la salvaguarda de los beneficios de cada uno de ellos le cuesta al Estado treinta mil rublos anuales, por no hablar de que, para preservar esos beneficios, en oposición a los fines de la colonización agrícola y desentendiéndose de todas las reglas de la higiene, hay que mantener a más de setecientos presos, a sus familias, a los soldados y a los empleados en unos agujeros tan horribles como los barrancos de Dué y Voievodsk; a eso debe añadirse que, al obligar a los presidiarios a trabajar para una sociedad privada, la administración sacrifica los fines reeducativos del castigo a consideraciones industriales, es decir, comete una vez más el mismo error que ella misma había denunciado.

Por su parte la compañía ha adquirido tres serios compromisos: debe administrar correctamente las minas de Dué y confiar el control de la explotación a un ingeniero de minas; pagar puntualmente, dos veces al año, la cuota de concesión del carbón y la cuota del trabajo de los presos; y emplear exclusivamente mano de obra forzada en todas las labores relacionadas con la empresa.

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