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Se puede achacar razonablemente la aparición de estos bandidos, desde la Paz de Utrecht (1713), o al menos su gran incremento, a las colonias españolas en las Indias Occidentales, cuyos gobernadores (a menudo cortesanos ávidos mandados allí para resarcirse o hacer fortuna) favorecen generalmente todos los procedimientos que rinden beneficios: conceden comisiones a gran número de buques de guerra, con el pretexto de impedir el comercio fraudulento, con orden de apresar todos los barcos o naves que encuentren dentro de las cinco leguas de sus costas, lo que nuestros buques ingleses no pueden evitar en su viaje a Jamaica. Y si los capitanes españoles se exceden en este cometido, y roban y saquean a discreción, se permite a las víctimas presentar sus quejas y acudir a los tribunales; y tras grandes gastos en pleitos, demoras y otros inconvenientes, quizá consiguen una sentencia a su favor, aunque cuando van a reclamar el barco, la carga y las costas del pleito, descubren para su consternación que todo ha sido previamente confiscado y repartido entre la tripulación, y que el comandante que llevó a cabo la captura, y único responsable, es un pobre diablo que no vale medio penique, y al que evidentemente han puesto en ese sitio para ese tipo de cosas.

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