Este proceso genera un conflicto redistributivo permanente: diferentes sectores de la población compiten para apropiarse del trabajo ajeno mediante legislación favorable. La ley deja de ser un límite al poder para convertirse en un instrumento de despojo legal. El resultado es una política basada en la promesa de entregar beneficios a costa de otros, lo que alimenta el resentimiento, el parasitismo y la división social.

El saqueo ya no se percibe como delito, sino como un derecho. Grupos que antes no tenían acceso al botín ahora pueden reclamar su parte del tesoro público. La corrupción no es un accidente, sino una consecuencia natural del sistema. A medida que crece la esfera política, se reduce el espacio para la cooperación voluntaria, el comercio y el respeto a la propiedad. La sociedad se convierte en un juego de suma cero, donde el éxito político depende de la capacidad de apropiarse del esfuerzo ajeno sin producir valor.