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El poder estatal centralizado, con sus órganos omnipotentes: el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura —órganos creados con arreglo a un plan de división sistemática y jerárquica del trabajo—, proceden de los tiempos de la monarquía absoluta, y sirvieron a la naciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo. Sin embargo, su desarrollo se veía entorpecido por toda la basura medieval: derechos señoriales, privilegios locales, monopolios municipales y gremiales, códigos provinciales. La escoba gigantesca de la Revolución francesa del siglo XVIII barrió todas estas reliquias de tiempos pasados, limpiando así, al mismo tiempo, el suelo de la sociedad de los últimos obstáculos que se alzaban ante la superestructura del edificio del Estado moderno, erigido bajo el Primer Imperio que, a su vez, era el fruto de las guerras de coalición de la vieja Europa semifeudal contra la moderna Francia. Durante los regímenes siguientes, el Gobierno, colocado bajo el control del parlamento —es decir, bajo el control directo de las clases poseedoras—, no sólo se convirtió en un vivero de enormes deudas nacionales y de impuestos agobiadores, sino que, con la seducción irresistible de sus cargos, momios y empleos, acabó siendo la manzana de la discordia entre las facciones rivales y los aventureros de las clases dominantes; por otra parte, su carácter político se transformaba a la vez que se operaban los cambios económicos en la sociedad. Al paso que los progresos de la moderna industria desarrollaban, ensanchaban y profundizaban el antagonismo de clase entre el capital y el trabajo, el poder del Estado fue adquiriendo cada vez más el carácter de poder nacional del capital sobre el trabajo, de fuerza pública organizada para la esclavización social y de máquina del despotismo de clase. Después de cada revolución, que marca un paso adelante en la lucha de clases, se acusa con rasgos cada vez más destacados el carácter puramente represivo del poder del Estado. La revolución de 1830, al traducirse en el paso del Gobierno de manos de los terratenientes a manos de los capitalistas, lo que hizo fue transferirlo de los enemigos más remotos a los enemigos más directos de la clase obrera. Los republicanos burgueses, que se adueñaron del poder del Estado en nombre de la revolución de febrero, lo usaron para las matanzas de junio, para probar a la clase obrera que la república «social» es la república que asegura su sumisión social, y para convencer a la masa monárquica de los burgueses y terratenientes de que pueden dejar sin riesgos los cuidados y los gajes del gobierno a los «republicanos» burgueses. Sin embargo, después de su primera y heroica hazaña de junio, los republicanos burgueses tuvieron que pasar de la cabeza a la cola del «partido del orden», coalición formada por todas las fracciones y facciones rivales de la clase apropiadora en su antagonismo, ahora franco y manifiesto, contra las clases productoras. La forma más adecuada para este gobierno por acciones era la república parlamentaria, con Luis Bonaparte por presidente. Fue éste un régimen de franco terrorismo de clase y de insulto deliberado contra la vile multitude^[18]. Si la república parlamentaria, como decía M. Thiers, era «la que menos les dividía» (a las diversas fracciones de la clase dominante), en cambio abría un abismo entre esta clase y el conjunto de la sociedad situado fuera de sus escasas filas. Su unión venía a eliminar las restricciones que sus discordias imponían al poder del Estado bajo regímenes anteriores y, ante la amenaza de un alzamiento del proletariado, se sirvieron del poder del Estado, sin piedad y con ostentación, como de una máquina nacional de guerra del capital contra el trabajo. Pero esta cruzada ininterrumpida contra las masas productoras les obligaba, no sólo a revestir al Poder Ejecutivo de facultades de represión cada vez mayores, sino, al mismo tiempo, a despojar a su propio baluarte parlamentario —la Asamblea Nacional—, uno por uno, de todos sus medios de defensa contra el Poder Ejecutivo. Hasta que éste, en la persona de Luis Bonaparte, les dio un puntapié. El fruto natural de la república del «partido del orden» fue el Segundo Imperio.

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