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Antes de abandonar el tema de la libertad de opinión conviene decir algo de aquellos para quienes la libre expresión de todas las opiniones debe ser permitida a condición de que la manera de hacerlo sea templada y no vaya más allá de los límites de una discusión leal. Mucho se puede decir respecto a la imposibilidad de fijar dónde estos supuestos límites deben colocarse; pues si el criterio es que no se ofenda a aquellos cuyas opiniones se atacan, pienso que la experiencia atestigua que esta ofensa se produce siempre que el ataque es poderoso; y que todo contradictor vigoroso a quien encuentren difícil contestar se les aparecerá, si pone un verdadero interés en el asunto, como un contradictor intemperante. Pero esto, aunque es una consideración importante desde un punto de vista práctico, se esfuma ante una objeción más fundamental. Indudablemente la manera de afirmar una opinión, aunque sea verdadera, puede ser muy objetable y merecer justamente una severa censura. Pero las principales ofensas de esta especie son tales que, salvo confesiones accidentales, no pueden ser demostradas. La más grave entre ellas es argüir sofísticamente, suprimir hechos o argumentos, exponer inexactamente los elementos del caso o desnaturalizar la opinión contraria. Pero todo esto, aun en el grado más agudo, se hace con tanta frecuencia y de la mejor fe por personas que ni son consideradas, ni en muchos otros respectos merecen ser consideradas como ignorantes o incompetentes, que muy rara vez es posible declarar, en conciencia y con suficientes motivos, moralmente culpable un falseamiento de los hechos; y todavía menos podía la ley mezclarse en esta especie de deslealtad polémica. Respecto a lo que comúnmente se entiende por una discusión intemperante, especialmente la invectiva, el sarcasmo, el personalismo y cosas análogas, su denuncia atraería más simpatía si se propusiera siempre su prohibición para ambas partes; pero sólo se desea restringir su empleo contra la opinión prevaleciente; contra la que no prevalece no sólo pueden ser usadas sin la desaprobación general, sino que probablemente quien las use será alabado por su honrado celo y justa indignación. Sin embargo, el daño que ocasionan estos procedimientos, no es nunca tan grande como cuando se emplea contra opiniones comparativamente indefensas; y la ventaja injusta que una opinión puede obtener de esta manera de proclamarse recae casi únicamente en las opiniones aceptadas. La peor ofensa de esta especie que puede ser cometida consiste en estigmatizar a los que sostienen la opinión contraria como hombres malos e inmorales, Aquellos que sostienen opiniones impopulares están expuestos a calumnias de esta especie porque, en general, son pocos y de escasa influencia, y nadie, aparte de ellos mismos, tiene interés en que se les haga justicia; pero este arma está negada, por la misma naturaleza del caso, a aquellos que atacan una opinión prevaleciente, no pueden servirse de ella sin comprometer su propia seguridad, y si pudieran no conseguirían otra cosa que desacreditar su propia causa. En general, las opiniones contrarias a las comúnmente admitidas sólo pueden lograr ser escuchadas mediante una estudiada moderación de lenguaje y evitando lo más cuidadosamente posible toda ofensa inútil, sin que puedan desviarse en lo más mínimo de esta línea de conducta, sin perder terreno, en tanto que el insulto desmesurado empleado por parte de la opinión prevaleciente desvía al pueblo de profesar las opiniones contrarias y de oír a aquellos que las profesan. Por tanto, en interés de la verdad y de la justicia, es mucho más importante restringir el empleo de este lenguaje de vituperio que el otro; y, por ejemplo, si fuera necesario elegir, sería mucho más necesario restringir los ataques ofensivos para la infidelidad que para la religión. Es, sin embargo, obvio que la ley y la autoridad nada tienen que hacer en la restricción de ninguno de los dos, mientras que la opinión debe, en todo caso, determinar su veredicto por las circunstancias de cada caso individual; sea cualquiera la parte del argumento en que se coloque, debe ser condenado todo aquel en cuya requisitoria se manifiesta la mala fe, la maldad, el fanatismo o la intolerancia, pero no deben inferirse estos vicios del partido que la persona tome, aunque sea el opuesto al nuestro en la cuestión; y debe reconocerse el merecido honor a quien, sea cual sea la opinión que sostenga, tiene la calma de ver y la honradez de reconocer lo que en realidad son sus adversarios y sus opiniones, sin exagerar nada que pueda desacreditarlas, ni ocultar lo que pueda redundar en su favor. Esta es la verdadera moralidad en la discusión pública; y aunque con frecuencia sea violada, me felicito de pensar que hay muchos polemistas que la observan escrupulosamente y un número mayor todavía que conscientemente se esfuerzan por observarla.

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