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Cuando Gutenberg echó a andar la imprenta en 1440, puso al alcance de la humanidad el instrumento que le permitiría hacer uso efectivo y gozar plenamente de la mayor de sus libertades y el más importante de sus derechos: la libertad de expresión, que incluye tanto el derecho a la información como la libertad de prensa. Pero no fue nada sencillo. De inmediato, la Iglesia condenó a la imprenta como obra del diablo. Su aparición despertó las fuerzas más oscuras y retrógradas que siempre han considerado la voluntad de expresarse como un gran peligro.

A la par de la imprenta avanzó la censura. A poco más de medio siglo de haber nacido el invento, en 1501, la bula del papa Alejandro VI, Borgia, universalizó la censura eclesiástica, prohibiendo todo aquello que fuera escandaloso y que, por supuesto, se opusiera a la fe. Siguiendo al papa, los Reyes Católicos de España, país líder en materia de censura e inquisición, dictaron una pragmática que instauraba la fiscalización por parte del poder civil. Corría el mes de julio del año 1502.

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