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La fuerza del pensamiento miltoniano y la contundencia de sus argumentaciones mantienen una vigencia indiscutible. No sólo por su valor intrínseco, sino también porque lamentablemente aún persisten y resucitan cada tanto —con diferentes matices o bajo formas disimuladas y en distintos lugares del planeta— las normas restrictivas contra las cuales apeló. Algunas disposiciones de la orden parlamentaria cuestionada nos hablan de esta triste actualidad: “que no se imprimirá ninguna orden de ambas cámaras o de cualquiera de las dos salvo por su mandato”; “que ningún libro será en lo sucesivo impreso o dado a la venta sin haber de antemano conseguido aprobación y licencia de la persona o personas que ambas cámaras o cualquiera de las dos designaren para la expedición de tales servicios“; “que la compañía de libreros y los funcionarios de ambas cámaras quedan autorizados para la busca de las no autorizadas prensas, y destrucción de ellas; para la busca de libros no autorizados y su confiscación y para la ‘aprehensión de todos los autores, impresores y otros tales relacionados con la publicación de libros no permitidos” para someterlos a la “junta examinadora” y aplicarle los “ulteriores castigos”. “Todos los jueces de paz, capitanes, alguaciles y demás funcionarios prestarán su concurso a la ejecución de lo dispuesto.” Así termina la orden a la que Milton se opuso hace 350 años en el parlamento inglés y frente al cual obtuvo sólo un triunfo parcial.

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