La ocupación de Cisjordania y Gaza convirtió a millones de palestinos en habitantes de territorios bajo un régimen militar opresivo. Las restricciones de movimiento, los toques de queda y la confiscación de tierras se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. En Jerusalén Este, la anexión inmediata transformó radicalmente la demografía y el entorno urbano, desplazando a miles de palestinos y ampliando el control israelí sobre la ciudad.

La resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, emitida tras la guerra, llamó a la retirada de Israel de los territorios ocupados y al reconocimiento mutuo entre las partes. Sin embargo, esta resolución no abordó las raíces del conflicto ni reconoció explícitamente los derechos nacionales de los palestinos. La narrativa internacional continuó ignorando la identidad y la autodeterminación palestinas, reduciendo su existencia a una cuestión humanitaria o de seguridad.

La ocupación trajo consigo una expansión sistemática de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad, se establecieron asentamientos que fragmentaron aún más el territorio palestino, dificultando la creación de un estado viable. Estas comunidades, fortificadas y protegidas, se convirtieron en un símbolo tangible del despojo en curso.