El estatus de Jerusalén, una cuestión central en cualquier solución, debería resolverse mediante un acuerdo que garantice el acceso igualitario a sus sitios sagrados y su administración compartida. La ciudad no puede seguir siendo una herramienta de exclusión y dominación; en cambio, debe convertirse en un símbolo de convivencia y reconciliación.

Cualquier propuesta para el futuro debe abordar también las desigualdades económicas y sociales que han sido exacerbadas por la ocupación. Los palestinos, cuya economía ha sido sistemáticamente marginada, necesitan acceso a oportunidades reales de desarrollo. Esto incluye el control soberano de sus recursos naturales, la eliminación de las restricciones de movimiento y comercio, y la reconstrucción de su infraestructura.

Una solución democrática y equitativa también requiere una transformación en la narrativa internacional. La lucha palestina no puede seguir siendo vista a través de la lente de la seguridad israelí. En su lugar, debe reconocerse como un movimiento legítimo por la autodeterminación y la justicia. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier solución respete los derechos inalienables de todos los involucrados.