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Durante toda la década del ‘80 la economía argentina no logró recuperar su crecimiento económico, causando el retraso de los salarios y acentuando la movilización de los sectores sindicales. Sumado a esto, el gobierno radical tuvo que afrontar la deuda externa acumulada en la dictadura, que tras el “salvataje” financiero a la industria del Banco Central, luego de la crisis de 1982, había quedado en manos del Estado. Aunque algunos intelectuales defendieron este traspaso, los intereses generados por la Deuda, ahora pública, significaron buena parte de la recaudación fiscal y con ello, el ajuste de gastos redujo considerablemente el salario de los empleados estatales.

Los grupos económicos presionaron para reorientar la economía hacia el exterior e integrarse a los nuevos tiempos de la globalización. El gobierno se vio obligado a realizar reducciones presupuestarias y medidas de reactivación económica que no lograron un acuerdo político. La transición Grinspun-Sorrouille reflejó este cambio de orientación. 

La República Argentina tuvo una fuerte presión fiscal por el pago de su deuda externa, que representaba un 7% de su renta nacional. Los organismos de crédito internacional no hicieron ninguna concesión a la naciente Democracia.

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