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Hacia el final de la República, los romanos, que habían llegado a ser más circunspectos, limitaron injustificadamente el uso de la dictadura del mismo modo que antes la habían prodigado. Era fácil ver que su temor no estaba fundado, que la debilidad de la capital constituía entonces su seguridad contra los magistrados que abrigaba en su seno, que un dictador podía en ciertos casos defender la libertad pública sin poder atentar nunca contra ella, y que las cadenas de Roma no se forjarían en la misma Roma, sino en sus ejércitos: la débil resistencia que opuso Mario a Sila y Pompeyo a César es una buena prueba de lo que se podía esperar de la autoridad del interior frente a la fuerza del exterior.

Este error les hizo cometer faltas graves como, por ejemplo, no haber nombrado un dictador en el asunto de Catilina; porque, como sólo se trataba del interior de la ciudad y, como mucho de alguna provincia de Italia, con la autoridad sin límites que las leyes otorgaban al dictador, se hubiera podido fácilmente acabar con la conjura que fue ahogada únicamente gracias a un cúmulo de circunstancias oportunas con las que la prudencia humana no debe nunca contar.

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