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El empresario de una gran industria que se vea forzado a abandonar su negocio por la apertura súbita de los mercados a la competencia extranjera sufrirá sin duda considerablemente. La parte de su capital habitualmente invertida en la compra de materiales y pago de sus trabajadores podrá quizás sin mucha dificultad ser empleada de otra forma. Pero la parte que está fija en talleres y medios de trabajo difícilmente podrá ser liquidada sin una abultada pérdida. Una consideración equitativa de sus intereses, en consecuencia, requiere que todo cambio de este tipo nunca sea impuesto de golpe sino de forma lenta y gradual, y tras un largo plazo de advertencia. Los legisladores, si fuera concebible que sus deliberaciones estuviesen siempre guiadas por una amplia visión del bien común y no por la inoportunidad vocinglera de los intereses privados, deberían por ello ser particularmente cautos y no establecer nuevos monopolios de este tipo ni extender más lo que ya existen. Cualquier medida de esa clase genera desórdenes en la constitución del estado, que resultará difícil remediar después sin ocasionar un nuevo desorden. …

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