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Las compañías por acciones, establecidas por carta real o ley del Parlamento, difieren en varios puntos no sólo de las compañías reguladas sino de las sociedades particulares.

Primero, en una empresa particular ningún socio puede transferir su participación a otra persona ni introducir un nuevo miembro en la compañía sin el consenso de la misma. Cada socio, no obstante, puede previo aviso abandonar la empresa y reclamar de los otros socios el pago de su cuota del capital común. En una compañía por acciones, por el contrario, ningún socio puede exigirle a la empresa el pago de su cuota en la misma; pero cada socio puede sin el consentimiento de la compañía transferir su participación a otra persona, e introducir así un nuevo miembro. El valor de una acción en una empresa de este tipo siempre es el precio que pueda conseguir en el mercado, y este precio puede ser en cualquier proporción mayor o menor que la suma que su propietario tiene acreditada en el capital de la compañía.

Segundo, en una sociedad particular cada socio responde por las deudas contraídas por la empresa con la totalidad de sus bienes. En una compañía por acciones, al contrario, cada socio responde exclusivamente por el importe de su participación.

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