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Aquellos que participan en la violencia estatal utilizan este reconocimiento de la necesidad e irrevocabilidad del orden existente para justificar su argumento acerca de que ya que el orden existente es irrevocable, el hecho de que un individuo se niegue a cumplir las obligaciones que le han sido encomendadas no cambiará las cosas, y lo único que logrará es que pongan en su lugar a otro hombre que desempeñe sus funciones peor que él, es decir, con más crueldad, perjudicando aún más a las personas sobre las que se ejerce la violencia.

Es esta certeza de que el orden existente es imprescindible y, por tanto, irrevocable, y de que apoyarlo constituye un deber sagrado para toda persona, lo que facilita que gente que en su vida privada es buena y moral participe con la conciencia más o menos tranquila en crímenes como el que se perpetró en Oriol y como el que estaban preparando los hombres que viajaban en el tren de Tula.

Pero ¿en qué se basa esta certeza?

Se entiende que al terrateniente le resulte conveniente creer que el orden existente es necesario e irrevocable, porque este orden le asegura los ingresos que le proporcionan sus cientos o miles de desiatinas^[48], gracias a los cuales puede seguir llevando su vida ociosa y lujosa de siempre.

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