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La inmensa mayoría de los agitadores eran sometidos a penas de lo que llamaban «orden administrativo». A base de los informes de la gendarmería, la «Conferencia Especial» de San Petersburgo, compuesta de cuatro funcionarios de alta categoría de los Ministerios del Interior y de Justicia, pronunciaba veredictos en ausencia de los acusados, y el Ministerio del Interior los confirmaba. El 25 de julio de 1903, el gobernador de Tiflis recibió de la capital un fallo de este género, ordenándole desterrar a dieciséis prisioneros políticos a la Siberia oriental, bajo la vigilancia directa de la policía. Los nombres se ordenaban, como era costumbre, según la gravedad del delito o la culpabilidad del delincuente, y el lugar específico de destierro en Siberia era proporcionalmente mejor o peor. Los primeros dos lugares de aquella lista correspondieron a Kurnatovsky y Franchesky, que fueron sentenciados a cuatro años; otras catorce personas fueron desterradas por tres años, figurando en primer lugar Silvestre Dzhibladze, a quien ya conocemos, y José Djugashvili en undécimo lugar. Los jefes de la gendarmería no le consideraban, por lo visto, muy importante entre los agitadores.

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