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La ley, tal como el legislador la hace en nuestros días, no posee todas las virtudes que se le atribuyen. No alcanza de igual modo a todos los rincones del país, y se modifica tanto en el momento de ser aplicada que desmiente sus propios principios. Esto se advierte más o menos patentemente en todas las épocas. ¿Quién sería el historiador tan ignorante para afirmar que el poder más enérgico ha llegado a todos los rincones de Francia? ¿Que las requisas de hombres, materiales o dinero, promulgadas por la Convención, hayan tenido igual suerte en la Provenza, en el fondo de la Normandía o en los límites de la Bretaña, que en los grandes centros de vida social? ¿Qué filósofo se atrevería a negar que mientras una cabeza es cortada hoy en un determinado departamento, se conserva sobre sus hombros otra en un departamento próximo, aunque esta última sea culpable de un crimen idéntico, o quizá de otro más horrible aún? Se pretende la igualdad en la vida, y la desigualdad reina en la ley, en la pena de muerte.

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