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Este análisis legislativo es un poco inocente, pues aunque la esclavitud no se apoyara en la ley, se practicaría de todas maneras. En la selva está el esclavo tan desamparado como en el fondo del mar. Don R. C., en 1877, decía que la Constitución se detenía en el Río Jejuy. Suponiendo que un peón sacara de su cerebro enfermo un resto de independencia y de su cuerpo dolorido la energía necesaria para atravesar inmensos desiertos en busca de un juez, encontraría un juez comprado por la Industrial, la Matte o los latifundistas del Alto Paraná. Las autoridades locales se compran mensualmente mediante un sobresueldo, según me ratifica el señor contador de la Industrial Paraguaya.

El juez y el jefe comen, pues, en ese plato. Suelen ser simultáneamente autoridades nacionales y habilitados yerbateros. Así el señor B. A., pariente del actual presidente de la república, es jefe político de San Estanislao y habilitado^[35] de la Industrial. El señor M, pariente también del presidente, es juez en el feudo de los señores Casado y empleado de ellos. Los señores Casado explotan los quebrachales por medio de la esclavitud. Todavía se recuerda el asesinato de cinco peones quebracheros que intentaron fugarse en una barca.

Nada hay pues que esperar de un Estado que restablece la esclavitud, con ella lucra y vende la justicia al menudeo. Ojalá me equivoque.

Y entremos ahora en el detalle de hechos.

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