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Otros se niegan porque temen verse involucrados en un asunto muy complejo, engorroso y caro, como es un divorcio, o simplemente porque no saben a quién dirigir su petición o por dónde empezar. A veces la culpa de que los exiliados no se casen legalmente la tiene la imperfección del certificado de penales, cuya obtención entraña toda una serie de fatigosas formalidades, muy semejantes a los trámites burocráticos de antaño, cuyo único resultado es que el exiliado, que ha gastado todo su dinero en escribientes, papel timbrado y telegramas, llegue a la conclusión de que nunca podrá formar una familia legal. Muchos exiliados carecen de certificado de penales o bien este no menciona su situación familiar o la indica de forma imprecisa o inexacta. Ahora bien, el exiliado no dispone de ningún otro documento al que agarrarse en caso de necesidad^[123].

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