La isla de Sajalin

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Queda por analizar por qué las uniones ilegítimas —o cohabitación libre— han tenido un desarrollo tan amplio y por qué, al examinar las cifras relativas a la situación familiar de los exiliados, se tiene la sensación de que estos se oponen obstinadamente al matrimonio legítimo. De no ser por las mujeres de condición libre que han seguido voluntariamente a sus maridos, las uniones ilegítimas serían cuatro veces más numerosas que las legítimas[122]. Al informarme de la situación, el gobernador general la calificó de «escandalosa» y descargó la responsabilidad en los exiliados. No obstante, los relegados, en su mayor parte personas patriarcales y religiosas, prefieren la unión legal. Las parejas ilegítimas a menudo piden permiso a la administración para volver a casarse, pero la mayoría de esas peticiones debe denegarse por razones que no dependen ni de las autoridades locales ni de los propios exiliados. Lo que sucede es que, además de perder sus derechos civiles, incluidos los de esposo, y dejar de existir para sus familiares, como si hubiese muerto, su derecho a casarse no depende de los avatares de su vida posterior, sino de la voluntad del cónyuge que ha quedado en libertad en el lugar de origen. El consentimiento de este es indispensable; para que la primera unión pueda disolverse, es necesario que acepte el divorcio, solo entonces el condenado puede volver a casarse. Pero normalmente los cónyuges que viven en libertad no dan ese consentimiento: unos por convicciones religiosas, porque es pecado; otros porque consideran la disolución del matrimonio una formalidad inútil e innecesaria, un capricho, especialmente cuando los cónyuges frisan los cuarenta. «¡Cómo va a casarse a su edad! —razona la esposa, tras recibir la carta del marido en la que le solicita el divorcio—. ¡Más valdría que pensara en su alma, el muy granuja!».


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