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En la actualidad, para prevenir las fugas se emplean principalmente medidas represivas, que, efectivamente, reducen el número de fugas, pero solo hasta cierto punto; la represión, aunque alcanzara una perfección ideal, no bastaría para eliminarlas. Hay un límite más allá del cual las medidas represivas dejan de ser efectivas. Como se sabe, un preso sigue corriendo aunque vea a un centinela apuntándole. Tampoco le disuaden de la fuga las tormentas ni el convencimiento de que se ahogará. Si se traspasa ese límite, las medidas represivas se convierten en una de las causas de las fugas. Así, por ejemplo, la terrible sanción del delito de fuga, que consiste en el incremento de la pena inicial, aumenta el número de presos con penas prolongadas y condenas a cadena perpetua, lo que, a su vez, aumenta el número de las evasiones. Hablando en general, esas medidas represivas no tienen futuro en la lucha contra las fugas. Difieren profundamente de los ideales de nuestra legislación, que considera ante todo el castigo un medio de regeneración. Cuando un carcelero gasta día tras día todas sus energías y su ingenio en colocar al preso en unas condiciones materiales tan difíciles que le hagan imposible la fuga, ya no estamos hablando de reformar al criminal, sino de transformarlo en una fiera y de convertir la cárcel en una jaula. Esas medidas tampoco son prácticas. En primer lugar, constituyen un yugo para los presos que no tienen culpa; además, la reclusión en una cárcel de régimen estricto, con cadenas, celdas, oscuros calabozos y carretillas, hace que una persona se vuelva incapaz de trabajar.

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