Cuando los salarios caen por debajo del nivel de subsistencia, en una economía sin intervención, la población trabajadora se reduce por medios naturales: menos nacimientos, más mortalidad, emigración. Pero al garantizar un ingreso mínimo mediante subsidios obligatorios, las leyes de pobres interrumpen este proceso. Se mantiene artificialmente una población laboral superior a la que el capital disponible puede emplear productivamente. Así, se perpetúa el desempleo estructural y se debilita la presión para aumentar la productividad.

Los trabajadores ya no dependen de su esfuerzo para sostenerse, sino que pueden recurrir al socorro público. Esto genera un deterioro del carácter y la moral del trabajo: se fomenta la pereza, se premia la improductividad y se desalienta el ahorro. Además, como los salarios se ajustan en función del auxilio garantizado por la parroquia, el empleador se ve desincentivado a pagar más, pues sabe que el Estado completará la diferencia. Esto tiende a mantener los salarios artificialmente bajos y sustituir el salario por el subsidio.