La carga impositiva necesaria para sostener estas leyes recae sobre los productores, especialmente los capitalistas y pequeños propietarios. Al aumentar los impuestos para mantener a los pobres, se reduce el fondo de capital disponible para la inversión. Menos capital significa menos empleo productivo, lo que genera más pobreza y más necesidad de subsidios, en un ciclo vicioso de dependencia y empobrecimiento colectivo.

Además, estas leyes introducen una distribución forzosa del ingreso no basada en el mérito ni en la contribución productiva, sino en la necesidad. El principio de que cada uno debe obtener según lo que produce es sustituido por la idea de que todos tienen derecho a vivir del esfuerzo ajeno. Esto, lejos de promover la justicia, mina los cimientos de la economía y la ética del trabajo.

El efecto agregado de este sistema es una reducción del crecimiento económico. Se disuade la acumulación de capital, se deteriora la fuerza laboral, y se eleva el consumo improductivo. El capital que podría haberse destinado a nuevas empresas, maquinaria o innovación se desvía al sostenimiento de una masa improductiva. De este modo, las leyes que supuestamente alivian la pobreza la convierten en un estado crónico, institucionalizado y cada vez más costoso.