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Otra gran dificultad de estos procesos fue cómo interpretar las palabras del Decreto del Parlamento: especificando de manera particular; en la acusación, las circunstancias de tiempo, lugar, etc; o sea, cómo entenderlas de manera que se pudiese celebrar juicio; porque de haber sido acusados de robos concretos, las pruebas habrían provenido en su mayoría de los barcos de la Compañía Real Africana, con lo que estos señores del castillo de Cape Coast no habrían estado capacitados para juzgarlos, dado que su juramento decía expresamente que no tenían interés ninguno, directo ni indirecto, en el barco o mercancía de cuyo robo era acusada la parte; y ellos consideraban que sí lo tenían, puesto que se les habían pagado comisiones por tales mercancías; y por otro lado, si no estaban capacitados, no podían formar ningún tribunal, dado que la comisión exigía absolutamente la inclusión nominal de tres de ellos.

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