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En efecto, en cada momento de la historia hay, en la conciencia moral de las sociedades, una idea imprecisa de lo que valen, respectivamente, los diferentes servicios sociales, de la remuneración relativa que se debe a cada uno de ellos, y, por consiguiente, del nivel de vida que conviene al promedio de los trabajadores de cada profesión. Las diferentes funciones están jerarquizadas en la opinión pública y a cada una se atribuye cierto coeficiente de bienestar, según el lugar que ocupa en la jerarquía. Se suele decir, por ejemplo, que cierto modo de vida es el límite superior que puede proponerse el obrero para mejorar su existencia. También se fijan límites por debajo de los cuales no se tolera que descienda su nivel de vida, a no ser que esté seriamente degradado. Uno y otro son diferentes para el obrero de la ciudad y el del campo, para el criado y para el jornalero, para el empleado de comercio y para el funcionario. Se vitupera al rico que vive como un pobre, pero se le vitupera también si persigue en exceso los refinamientos del lujo. Los economistas protestan en vano; siempre será un escándalo público que un particular gaste en un consumo absolutamente superfluo una cantidad excesiva de riquezas y parece que esta intolerancia sólo disminuye en épocas de perturbación moral^[250]. Existe una auténtica reglamentación relativamente precisa, que no siempre adopta forma jurídica y fija, sobre el máximo de bienestar que cada clase social puede legítimamente buscar o alcanzar. Por otra parte, la escala así establecida no es inmutable. Cambiará según crezca o disminuya la renta colectiva y según los cambios que experimenten las ideas morales de la sociedad. Porque lo que tiene carácter de lujo en una época no lo tiene en otra, y el bienestar que durante largo tiempo sólo disfrutó una clase a título excepcional acaba por parecer rigurosamente necesario y de estricta equidad.

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