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Pero nuestras conclusiones permiten poner en duda que eso se pueda probar. Si se dejan a un lado las diferencias de detalle entre las medidas represivas adoptadas por los diferentes pueblos, se ve que la legislación del suicidio ha pasado por dos fases principales. En la primera, se prohíbe al individuo destruirse por su propia autoridad, pero el Estado puede autorizarlo a hacerlo. El acto sólo es inmoral cuando es obra de los particulares y no han participado en él los órganos de la vida colectiva. En ciertas circunstancias la sociedad se deja desarmar y acepta lo que reprobaba en principio. En el segundo periodo, la condena es absoluta y sin excepción. La facultad de disponer de una vida humana, salvo cuando se castiga un crimen^[332], no sólo se niega al sujeto interesado sino también a la sociedad. Es una facultad que se sustrae tanto al derecho colectivo como al privado. El suicidio se considera inmoral, en sí mismo y por sí mismo, cualesquiera que sean los partícipes. Así, a medida que se avanza en la historia, la prohibición, en lugar de relajarse, se radicaliza. Y si hoy en día la conciencia pública parece menos firme en su juicio sobre este punto, este estado de flaqueza debe provenir de causas accidentales y pasajeras, pues no parece verosímil que la evolución moral, tras avanzar durante siglos en la misma dirección, vuelva atrás.

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