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Un aspecto de la cuestión que es necesario valorizar bien es el de las posibilidades financieras del Vaticano. La organización siempre más desarrollada del catolicismo en los Estados Unidos da la posibilidad de recoger fondos muy vistosos, además de las rentas normales ya aseguradas (que, sin embargo, desde 1937 disminuyeron de 15 millones al año por la conversión de la deuda pública del 5 por ciento al 3,50 por ciento) y del óbolo de San Pedro. ¿Podrían nacer cuestiones internacionales a propósito de la intervención de la Iglesia en los negocios internos de cada país, con el Estado como permanente colaborador económico de la Iglesia? La cuestión es elegante, se dice. La cuestión financiera hace muy interesante el problema de la así llamada indisolubilidad entre tratado y Concordato proclamada por el pontífice. Admitido que el Papa se encontrase en la necesidad de recurrir a ese medio político de presión sobre el Estado, ¿no se crearía enseguida el problema de la restitución de la suma recibida (ligada, precisamente, al tratado y no al Concordato)? Pero la suma fue tan ingente y pensando que la mayor parte fue gastada en los primeros años, puede considerarse que su restitución es prácticamente imposible. Ningún Estado podría hacer así un gran préstamo al pontífice para sacarlo de sus dificultades, y mucho menos un particular o un banco. La denuncia del tratado desencadenaría tal crisis en la organización práctica de la Iglesia, que su solvencia, aun a grandes plazos, quedaría aniquilada. La convención financiera anexa al tratado^[40] debe ser considerada, por lo tanto, como la parte esencial del tratado mismo, como la garantía de una casi imposibilidad de denuncia del tratado, expuesta por razones polémicas y de presión política.

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