Cuanto más pequeñas sean las unidades políticas, más fácil es controlarlas, limitarlas y reemplazarlas si se vuelven abusivas. La competencia entre jurisdicciones promueve el buen gobierno, ya que obliga a cada comunidad a servir a sus habitantes para evitar la emigración de talentos, capital y personas productivas. En un mundo de microestados, el poder político pierde capacidad de coerción masiva.

El futuro no está en parlamentos globales ni gobiernos supranacionales, sino en miles de cantones, ciudades libres, comunidades privadas, asociaciones voluntarias. La descentralización radical es la estrategia práctica hacia un orden basado en propiedad, responsabilidad y libertad. Solo desde la fragmentación del poder se puede construir una sociedad libre.

Punto clave nueve: La producción de seguridad debe privatizarse completamente

La idea de que el Estado debe monopolizar la protección y la justicia es una superstición peligrosa. Ningún servicio mejora cuando se lo convierte en monopolio; la seguridad no es la excepción. Cuando el Estado controla la policía, los tribunales y el ejército, define unilateralmente qué es justicia, quién es culpable y qué castigo aplicar. No hay competencia, no hay contrato, no hay salida. Quien paga por esa “protección” no puede negarse, cambiar de proveedor ni reclamar resultados.