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«Dixeron que por la culpa que de todo ello resulta, lo debían de condenar y condenaban en pena de muerte natural de horca, y á que primero sea arrastrado por las calles públicas, en la forma acostumbrada, y después de muerto le sea cortada la cabeza con un cuchillo de hierro y acero, y sea pue8ta en lugar público, y como cual pareciese á los dichos señores jueces, y del nadie sea osado á quitarle sopeña de muerte: condenáronle en perdimiento de todos sus bienes, que aplicaron para la cámara y fisco de su majestad, por los gastos causados por su persona y proceso. Y así lo pronunciaron, ordenaron y firmaron, el licenciado Rodrigo Vázquez y el licenciado Juan Gómez.

Esta horrible sentencia denotaba un refinamiento de crueldad que contrastaba marcadamente con aquellas buenas palabras hipócritamente dadas al prior de Gotor por Felipe II.

A la vista salta que se procedía en previsión de que en un plazo breve Antonio Pérez pudiera de nuevo caer en manos de la justicia real, para que en tal caso se pudiera, sin más dilaciones de ningún género, aplicarle inmediatamente la sanguinaria sentencia de los dignos instrumentos de Felipe II.

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