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Para demostrarlo con algún ejemplo, diré que, entre las cosas que el legislador de una república tiene que examinar con más cuidado, es en qué manos pone el derecho de imponer la pena de muerte a los ciudadanos. En Roma estaba perfectamente organizado este derecho, porque ordinariamente se podía apelar al pueblo y, en casos extraordinarios, cuando el diferir la aplicación de la pena fuera peligroso, tenían el recurso del dictador, cuyas órdenes eran inmediatamente ejecutadas; recurso a que no acudían sino por extrema necesidad.

Pero en Florencia y otras ciudades nacidas como ella, en la servidumbre, esta facultad la ejercía un extranjero nombrado por el príncipe soberano. Aun después de la emancipación fue también un extranjero, a quien llamaban Capitán, el que desempeñaba dicho cargo, y por la facilidad con que lo sobornaban los poderosos ocasionó grandes males. Posteriormente esta potestad cambió, por las variaciones en la constitución del Estado, dándosela a ocho ciudadanos que tenían a su cargo las funciones del Capitán, lo cual era ir de mal en peor, pues ya hemos dicho que un tribunal de corto número de funcionarios siempre está sometido a la voluntad de pocos ciudadanos, los más influyentes.

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