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En cuanto a la ilegalidad en el Estado, Eugène Sue la suprime por medio de la reforma del código penal y por la institución, particularmente, de abogados de oficio retribuidos. Encuentra que este estado de cosas ha desaparecido en el Piamonte, en Holanda, etc., donde existe el abogado de pobres. El único reproche que se puede hacer a la legislación francesa es no retribuir al abogado de pobres y no confinarlo en la tarea de defender a los indigentes; la delimitación legal de la pobreza es, por lo demás, demasiado limitada. Como si la ilegalidad, la ausencia de derechos, no comenzara precisamente con el mismo proceso; como si en Francia no se supiese desde hace mucho tiempo que el derecho no da nada, sino que se conforma con sancionar lo que existe. Se diría que la distinción, devenida banal, entre el derecho y el hecho, resulta para el novelista un misterio de París.

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