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En primer término, cualquiera que sea la sociedad que concibamos, el obrero no puede recibir para el consumo el valor íntegro de su producto; el fondo producido deberá subvenir siempre a los gastos de diversas funciones improductivas en el sentido económico, pero necesarias, y, por consiguiente, a los gastos de mantenimiento de las personas encargadas de dichas funciones. Esto es cierto únicamente mientras exista la actual división del trabajo. En una sociedad en la que se entronice el trabajo productivo obligatorio para todos —y una sociedad así es también «concebible»—, eso deja de contar. Pero continuaran siendo necesarios un fondo social de reserva y un fondo de acumulación, por lo que entonces los trabajadores, es decir, todos los miembros de la sociedad, poseerán y disfrutarán, ciertamente, todo su producto, pero cada uno por separado no disfrutará el «producto íntegro del trabajo». Otros utopistas de los bonos de trabajo tampoco han perdido de vista los gastos a descontar del producto del trabajo para las funciones económicamente improductivas. Pero dejan al arbitrio de los mismos obreros la autoimposición de las cargas fiscales para este fin siguiendo los procedimientos democráticos habituales, en tanto que Rodbertus, que ideó su reforma social en 1842 ajustándose estrictamente al Estado prusiano de entonces confía esta tarea a la burocracia, que desde las alturas determina y concede benevolente al obrero la parte que le corresponde de su propio producto.

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