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La guerra era en esencia un conflicto triangular. La lucha contra Franco debía continuar, pero el gobierno tenía la finalidad simultánea de recuperar el poder que permanecía en manos de los sindicatos. Ello se logró mediante una serie de pequeños pasos y, en líneas generales, con suma inteligencia. No hubo un movimiento contrarrevolucionario general y evidente, y hasta mayo de 1937 casi no fue necesario recurrir a la fuerza. En todos los casos, desde luego, resultaba que lo exigido por las necesidades militares era la entrega de algo que los trabajadores habían conquistado para sí en 1936. A las organizaciones obreras siempre podía hacérselas volver sobre sus pasos con un argumento que es casi demasiado evidente para que sea necesario manifestarlo: «A menos que se haga esto y aquello, perderemos la guerra». Ese argumento no podía fallar, pues perder la guerra era lo último que deseaban los revolucionarios; si la guerra se perdía, democracia y revolución, socialismo y anarquismo se convertían en palabras vacías. Los anarquistas —único movimiento revolucionario que ejercía gran influencia— fueron obligados a ceder en un punto tras otro. Se frenó el proceso de colectivización, se eliminaron los comités locales, se disolvieron las patrullas de trabajadores y se restablecieron, reforzadas y muy bien armadas, las fuerzas policiales de antes de la guerra; el gobierno se hizo cargo de varias industrias clave que habían estado bajo el control de los sindicatos (la toma de la Central Telefónica de Barcelona, que provocó las luchas de mayo, fue un incidente dentro de este proceso); por fin —hecho de máxima importancia—, las milicias de trabajadores, formadas por los sindicatos, se disolvieron y redistribuyeron en el nuevo Ejército Popular, un ejército «apolítico» de líneas semiburguesas, con pagas diferenciadas, una casta privilegiada de oficiales, etc. En esas especiales circunstancias éste fue el paso realmente decisivo; en Cataluña se produjo más tarde que en cualquier otra parte porque allí los partidos revolucionarios eran muy fuertes. Sin duda, la única garantía con que contaban los trabajadores para conservar sus conquistas consistía en mantener parte de las fuerzas armadas bajo su control. Como ya era habitual, la disolución de la milicia se realizó en nombre de la eficiencia militar. Nadie negaba la necesidad de una reorganización militar a fondo. No obstante, se hubieran podido reorganizar las milicias y lograr en ellas una mayor eficiencia manteniéndolas bajo el control directo de los sindicatos; el propósito principal del cambio era el de asegurar que los anarquistas no contaran con un ejército propio. Además, el espíritu democrático de las milicias las convertía en semilleros de ideas revolucionarias. Los comunistas lo sabían muy bien y lucharon incesante y encarnizadamente contra el POUM y el principio anarquista de igual paga para todos los rangos. Se llevó a cabo un «aburguesamiento» general, una destrucción deliberada del espíritu igualitario de los primeros meses de la revolución. Todo ocurría de forma tan rápida que la gente que hacía frecuentes visitas a España declaraba que le parecía llegar a un país distinto cada vez; lo que por un breve instante y de manera superficial parecía haber sido un Estado de trabajadores, estaba convirtiéndose ante nuestros ojos en una república burguesa corriente, con la habitual división entre ricos y pobres. En otoño de 1937, el «socialista» Negrín declaraba en discursos públicos que «respetamos la propiedad privada», y los miembros de las Cortes que al comienzo de la guerra habían tenido que huir a causa de sus simpatías profascistas comenzaban a regresar a España.

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