Este patrón se mantuvo en los Acuerdos de Oslo de 1993. Aunque presentados como un avance histórico, estos acuerdos dejaron fuera cuestiones fundamentales como el retorno de los refugiados, el estatus de Jerusalén y la expansión de los asentamientos. Además, se creó una Autoridad Palestina debilitada, incapaz de ejercer una soberanía real, mientras Israel mantenía el control sobre los territorios ocupados.

Las administraciones estadounidenses posteriores reforzaron esta dinámica. Bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos abandonó incluso la apariencia de imparcialidad. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, el respaldo a los asentamientos ilegales y el cierre de la oficina de la OLP en Washington fueron medidas que consolidaron la posición israelí y minaron cualquier posibilidad de mediación efectiva.

A nivel internacional, la comunidad europea y las Naciones Unidas han intentado desempeñar un papel en el proceso de paz, pero con resultados limitados. Las resoluciones de la ONU, aunque condenan la ocupación y los asentamientos, carecen de mecanismos para su implementación. Los esfuerzos europeos, mientras tanto, han sido fragmentados y subordinados a la política estadounidense en la región.