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Ahora bien, un impuesto sobre los beneficios del capital invertido en una rama concreta de la economía nunca recae en última instancia sobre los empresarios (que normalmente deben conseguir un beneficio razonable, y que bajo la libre competencia rara vez pueden conseguir más que dicho beneficio), sino que lo hace siempre sobre los consumidores, que son obligados a pagar a través del precio de los bienes el impuesto adelantado por el empresario, y por regla general con algún recargo.

Cuando un impuesto de esta clase es proporcional a la actividad del empresario, resulta finalmente pagado por el consumidor y no ocasiona ningún problema al empresario. Cuando no es proporcional sino que es el mismo para todos los empresarios, resulta también pagado al final por el consumidor, pero favorece al gran empresario y perjudica al pequeño. …

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