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Cuando se establece un impuesto sobre los beneficios de un capital invertido en una rama específica de la economía, los empresarios se cuidan de no traer al mercado más bienes de los que puedan vender a un precio suficiente para reembolsarse lo que adelantaron en concepto del impuesto. Algunos retiran parte de sus capitales de la actividad, y el mercado resulta menos abastecido que antes. El precio de los bienes aumenta y el pago final del impuesto corresponde al consumidor. Pero cuando un impuesto así se aplica a los beneficios del capital invertido en la agricultura, a los granjeros no les interesa retirar ninguna parte de su capital de esa inversión. Cada granjero ocupa una cantidad determinada de tierra, por la que paga renta. Para cultivar adecuadamente esa renta se necesita una cierta cantidad de capital, y si el granjero retira cualquier fracción de ese capital necesario, no es probable que tenga por ello más capacidad para pagar la renta o el impuesto. Con objeto de pagar el impuesto jamás resultará de su interés el disminuir la cantidad producida, ni por lo tanto el abastecer al mercado más escasamente que antes. El impuesto, en consecuencia, nunca le permitirá elevar el precio de sus productos y reembolsarse descargando sobre el consumidor el pago final. Ahora bien, el granjero debe obtener un beneficio razonable, igual que cualquier otro empresario, porque en caso contrario abandonará su negocio. Una vez establecido un impuesto de estas características, la única forma que tiene de conseguir ese beneficio razonable es pagar menos renta al terrateniente. Cuanto más sea forzado a pagar por el impuesto, menos podrá pagar en concepto de renta. Es indudable que si se aplica el impuesto durante la vigencia de un arrendamiento, puede agobiar o arruinar al granjero. Pero una vez renovado el contrato deberá recaer siempre sobre el propietario. …

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