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Un impuesto directo sobre los salarios, entonces, aunque quizás lo pueda pagar el trabajador de su bolsillo, no es en realidad adelantado por él, al menos si la demanda de trabajo y el precio medio de los alimentos resultan idénticos antes y después del impuesto. En todos estos casos no sólo el impuesto sino algo más que el impuesto será adelantado por la persona que es su inmediato empleador. La incidencia final será distinta según las distintas personas. El aumento que un impuesto así ocasiona en el salario del trabajador industrial será adelantado por el empresario, que podrá y deberá cargarlo, junto con un beneficio, en el precio de sus bienes. El pago final de este incremento en los salarios, por lo tanto, junto con el beneficio adicional del empresario, recae en el consumidor. El aumento que un impuesto así ocasiona en los salarios del trabajo rural será adelantado por el granjero, que para mantener al mismo número de trabajadores que antes deberá invertir un capital mayor. Con objeto de recuperar este capital mayor junto con los beneficios normales, será necesario que retenga una porción mayor, o lo que es lo mismo: el precio de una porción mayor del producto de la tierra, y en consecuencia que pague menos renta al propietario. La incidencia final de este aumento de salarios, por consiguiente, recae sobre el terrateniente, junto con el beneficio adicional del granjero que lo adelanta. En todos los casos, un impuesto directo sobre los salarios debe, a largo plazo, ocasionar tanto una reducción mayor de la renta de la tierra como un incremento mayor en el precio de los bienes manufacturados que el que se habría producido de haberse recaudado la misma suma por un impuesto en parte sobre la renta de la tierra y en parte sobre los bienes de consumo.

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