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Las remuneraciones de los funcionarios no están reguladas por la libre competencia en el mercado, como las de los oficios y las profesiones, y por ello no siempre guardan una justa proporción con lo que requiere la naturaleza de su trabajo. Es posible que en la mayoría de los países sean más altas de lo que debieran ser, porque las personas que manejan la administración pública están normalmente dispuestas a remunerarse a sí mismas y a remunerar a sus inferiores inmediatos con más que suficiente generosidad. Por lo tanto, los emolumentos de los funcionarios en la mayor parte de los casos pueden ser perfectamente susceptibles de ser gravados. Además, las personas que disfrutan de puestos en la administración pública, especialmente los más lucrativos, son en todos los países objeto de envidia generalizada; y un impuesto sobre sus remuneraciones, incluso aunque resulte mayor que sobre cualquier otra clase de ingreso, es siempre un impuesto muy popular.

Los impuestos que se pretende que incidan de forma indiferente sobre las distintas clases de ingreso son los impuestos de capitación y los impuestos sobre los bienes de consumo. Deben ser pagados de forma independiente del ingreso que el contribuyente pueda poseer. …

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