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Es evidente que en ningún país las tierras podrá ser plenamente cultivadas y mejoradas hasta que el precio de cada producto que el trabajo humano cultiva en ellas ha llegado tan alto como para cubrir el coste de esas mejoras y cultivos. Para ello, el precio de cada producto en concreto debe ser suficiente, primero, para pagar la renta de las buenas tierras cerealeras; y segundo, para pagar el trabajo y el gasto del granjero tan bien como lo son habitualmente en las buenas tierras cerealeras; o, en otras palabras, para reponer con los beneficios corrientes el capital que invierte. Este aumento en el precio de cada producto en concreto debe ser evidentemente anterior a la roturación y cultivo de la tierra destinada a producirlo. La ganancia es el objetivo de cualquier mejora, y no merece ese nombre lo que acarrea una pérdida como consecuencia necesaria. Pero mejorar una tierra con vistas a un producto cuyo precio nunca compensará los costes tendrá como consecuencia necesaria a una pérdida. Si la mejora y cultivo completo del país es, y sin duda lo es, el máximo beneficio público, este incremento en el precio de todas las distintas clases de productos primarios debe ser considerado no como una calamidad pública sino como el necesario precedente y acompañante del mayor de los beneficios sociales.

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