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De ahí que se haya propuesto que las colonias sean gravadas por requerimiento: que el Parlamento de Gran Bretaña determine la suma que cada colonia debe pagar y que la asamblea provincial después la estudie y la recaude de la forma más adecuada a las circunstancias de la provincia. De esta forma, los asuntos de todo el imperio serían determinados por la asamblea que los inspecciona y supervisa, mientras que las cuestiones provinciales de cada colonia podrían seguir siendo reguladas por su propia asamblea. Aunque en este caso las colonias no tendrían representantes en el Parlamento británico, la experiencia sugiere que no es probable que la requisitoria parlamentaria fuese irrazonable. El Parlamento de Inglaterra jamás ha mostrado la más mínima inclinación a gravar en exceso a aquellas partes del imperio que no están representadas en él. Las islas de Guernsey y Jersey, que no tienen ningún medio para resistirse a la autoridad del Parlamento, pagan impuestos más bajos que ninguna otra parte de Gran Bretaña. Al aplicar su supuesto derecho, sea fundado o infundado, a cobrar impuestos a las colonias, el Parlamento nunca les ha pedido hasta hoy nada que se parezca a una justa proporción con lo que pagan en la metrópoli los otros súbditos de la misma corona. Además, si la contribución de las colonias aumentase o disminuyese en proporción a la subida o bajada del impuesto sobre la tierra, el Parlamento no podría gravadas sin al mismo tiempo gravar a sus propios electores, con lo que en este caso cabría considerar a las colonias como virtualmente representadas en el Parlamento.

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