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En las restricciones sobre las importaciones de todas las mercancías extranjeras que pueden competir con nuestros cultivos o manufacturas es evidente que el interés del consumidor local se sacrifica ante el del productor. Es sólo para beneficiar a éste que aquél es obligado a pagar el sobreprecio a que dicho monopolio da lugar virtualmente siempre.

Las subvenciones a la exportación de algunos productos se conceden sólo para beneficiar al productor. El consumidor es forzado a pagar, primero, el impuesto necesario para sufragar el subsidio, y segundo, el gravamen todavía mayor que deriva necesariamente del aumento del precio de la mercancía en el mercado nacional.

Mediante el célebre tratado comercial con Portugal, se impide al consumidor a través de altos aranceles el comprar en un país vecino una mercancía que su propio clima no permite producir, y se lo obliga a adquirirla en un país más lejano, aunque se sabe que la mercancía del país lejano es de peor calidad que la del país más próximo. El consumidor nacional es forzado a someterse a este inconveniente para que el productor pueda exportar al país distante algunos de sus productos en términos más ventajosos que los que conseguiría en otro caso. Asimismo, el consumidor debe pagar cualquier incremento en el precio de esos productos que dicha exportación forzada suscite en el mercado local.

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