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El conjunto del gasto de la justicia podría ser fácilmente sufragado mediante tasas judiciales; y sin exponer a la administración de justicia a ningún riesgo real de corrupción se podría aliviar al erario público totalmente de este gasto cierto, aunque sea pequeño. Es difícil regular las tasas judiciales eficientemente cuando una persona tan poderosa como el soberano posee una cuota de las mismas y obtiene de ellas una parte importante de su ingreso. Pero es fácil cuando el juez es la principal persona que puede cosechar algún beneficio de ellas. La ley podría sin dificultad obligar al juez a respetar la regulación, aunque no siempre podría obligar al soberano a respetarla. Cuando las tasas judiciales son reguladas y determinadas con precisión, cuando se pagan de una sola vez en un momento dado del proceso a un cajero, que las distribuye en ciertas proporciones conocidas a cada juez después del proceso, y nunca antes que termine, no parece haber más peligro de corrupción que cuando esas tasas están directamente prohibidas. … En tribunales con numerosos jueces, al estar la cuota de cada uno en proporción al número de horas y días que empleó en examinar el pleito … esas tasas podrían estimular la diligencia de cada juez. Los servicios públicos nunca son mejor prestados que cuando su pago sólo deriva de su prestación, y está en proporción a la diligencia mostrada en su prestación. …De la misma forma, un impuesto de timbre sobre los trámites judiciales de cada tribunal, a ser cobrado por este mismo tribunal, y dirigido a la manutención de sus jueces y otros funcionarios, podría proporcionar un ingreso suficiente para afrontar el gasto de la administración de justicia sin hacerlo recaer sobre el ingreso general de la sociedad. Es verdad que en este caso los jueces sentirían la tentación de multiplicar innecesariamente las diligencias en cada proceso, para incrementar en todo lo posible el producto de un impuesto de timbre de esta naturaleza. En la Europa moderna la costumbre ha sido en la mayoría de los casos regular el pago de los abogados y empleados de la justicia según el número de páginas que escribiesen; y el tribunal determinaba que cada página debía contener tantas líneas y cada línea tantas palabras. Para aumentar su retribución, los abogados y funcionarios judiciales han procurado multiplicar las palabras por encima de cualquier necesidad, y han corrompido así el lenguaje legal de todos los tribunales de justicia de Europa. Una tentación análoga puede haber ocasionado la misma corrupción en los formulismos de los procedimientos judiciales.

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