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Pero en realidad la justicia jamás ha sido gratis en ningún país. Las partes deben al menos pagar a los abogados y procuradores, que en caso contrario harían su trabajo todavía peor que como lo hacen ahora. Los honorarios que reciben anualmente los abogados y procuradores son en cualquier tribunal muy superiores a los salarios de los jueces. El hecho de que esos salarios sean pagados por la corona en ninguna parte puede reducir apreciablemente los gastos necesarios de un pleito. Pero se prohibió a los jueces el recibir regalos u honorarios de las partes no para disminuir los gastos sino para impedir la corrupción de la justicia.

El cargo de juez es por sí mismo tan honorable que las personas están dispuestas a aceptarlo aunque comporte emolumentos sumamente reducidos. El puesto inferior de juez de paz, aunque comporta numerosos inconvenientes y en muchos casos no cuenta con emolumento alguno, es algo codiciado por el grueso de nuestra nobleza del campo. En todo país civilizado, los salarios de los distintos jueces, de mayor o menor jerarquía, junto con el coste total de la administración y ejecución de la justicia, incluso cuando no es gestionada de forma muy eficiente, representan una fracción muy pequeña del gasto público total.

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