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Era inevitable que este sistema de subordinar la administración de justicia a la obtención de ingresos produjese abundantes y gruesos abusos. …

Pero cuando por diversas circunstancias, en especial el continuo incremento en el gasto de defensa de la nación contra la invasión de otras naciones, el patrimonio privado del soberano resultó completamente insuficiente para sufragar los gastos del estado; y cuando llegó a ser necesario que la gente, por su propia seguridad, contribuyese a ese gasto a través de impuestos de diverso tipo, fue generalmente estipulado que ni el soberano ni sus alguaciles y sustitutos, los jueces, pudiesen recibir regalo alguno en ningún caso a cambio de la administración de justicia. Se pensó que era mejor abolir esos regalos por completo antes que regularlos y determinarlos. Se fijaron unos salarios para los jueces que debían supuestamente compensarlos por la pérdida de lo que hubiese sido su cuota en los antiguos emolumentos de la justicia, mientras que los impuestos compensaban con creces la pérdida sufrida por el soberano por/ este concepto. Se dijo entonces que la justicia era administrada gratuitamente.

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