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La autoridad judicial de un soberano de esa clase, en vez de ser causa de gasto, durante mucho tiempo fue una fuente de ingreso para él. Las personas que recurrían a él para obtener justicia estaban siempre dispuestas a pagar por ello, y toda petición venía siempre acompañada de un regalo. Después que la autoridad del soberano quedó firmemente afianzada, los culpables, además de la indemnización que debía pagar a la parte agraviada, era obligado a pagar una multa al soberano. Había causado problemas, había perturbado o roto la paz del rey su señor, y por esas ofensas debía pagar una multa. En los gobiernos tártaros de Asia, en los gobiernos de Europa fundados por las naciones germanas y escitas que derribaron al Imperio Romano, la administración de justicia constituyó una copiosa fuente de ingresos tanto para el soberano como para todos aquellos jefes y señores menores que ejercían cualquier jurisdicción particular bajo su mando, sea sobre alguna tribu o clan individual, o sobre algún territorio o distrito específico. Originalmente tanto el soberano como los jefes inferiores solían ejercer esa jurisdicción de forma personal, pero con el tiempo vieron que les convenía delegarla en algún sustituto, alguacil o juez. Pero este sustituto estaba obligado a rendir cuentas ante su principal o mandatario de los beneficios de su jurisdicción. Quien lea las instrucciones cursadas a los jueces de circuito en la época de Enrique II comprobará claramente que esos jueces era una especie de representantes ambulantes que recorrían el país con objeto de recaudar ciertas ramas de las contribuciones reales. En aquellos tiempos la administración de justicia no sólo aportaba un cierto ingreso al soberano sino que uno de los principales beneficios que él se proponía obtener a través de la administración de justicia era precisamente el cosechar ese ingreso.

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