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Resulta evidente y no necesita prueba alguna el hecho de que la realización y conservación de las obras públicas que facilitan el comercio de cualquier país —como caminos, puentes, canales navegables, puertos, etc.— requieren un gasto muy diverso en las diferentes etapas de la sociedad. … No parece necesario que el coste de esas obras públicas sea sufragado a partir de los denominados ingresos públicos, cuya recaudación y asignación corresponde en la mayor parte de los países al poder ejecutivo. El grueso de esas obras públicas puede ser fácilmente gestionado para que suministren un ingreso específico suficiente para hacer frente a su propio coste, sin hacer recaer carga alguna sobre el ingreso general de la sociedad.

Una carretera, un puente, un canal navegable, por ejemplo, pueden ser en la mayoría de los casos construidos y conservados mediante un pequeño peaje sobre los vehículos que los utilizan; y un puerto mediante una reducida tasa portuaria sobre el tonelaje de los barcos que en el cargan o descargan. La acuñación de moneda, otra institución que facilita el comercio, en numerosos países no sólo cubre su coste sino que aporta al soberano un pequeño ingreso o señoreaje. El correo, otra institución con el mismo objetivo, compensa su coste y suministra en casi todos los países un considerable ingreso al soberano.

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