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Está en lo más hondo, lo más sagrado de la civilización moderna, en el derecho que tenemos todos, cuando se nos acusa, de saber concretamente de qué se nos acusa, quién nos acusa, cuáles son los cargos que se nos hacen, las pruebas que contra nosotros se aducen, en una palabra el derecho de defensa, de defensa en público, a los cuatro vientos, a la luz del día.

Y en el proceso Brunetti, descubrimos con estupor que ninguno de los acusados tiene noticia de los hechos en que se funda la persecución que padece. El P. E. manda al desierto infelices —culpables o no, ¿qué importa?—, infelices condenados sin sentencia, sin la menor formalidad defensiva, bajo un juez a quien, por inconcebible que parezca, no se le ocurre la solución de presentar su renuncia.

¿Estamos soñando?

¿Qué? ¿No guardáis siquiera las fórmulas? Por favor, vengan testigos falsos, mentiras legales, trapisondas de papel sellado, cualquier recurso para discutir realidades, para librarnos de esta pesadilla, de este ignominioso espectáculo, el secreto en el terror, la inquisición que secuestra en la sombra.

¿Esto una República? ¿Esto una sociedad humana? Mientras no tengamos derecho de defendernos al sol, de ver cara a cara todo lo que contra nosotros se asesta, no seremos la nación, sino la horda.

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